Mucho se ha cuestionado sobre el cumplimiento de la promesa del Gobierno de Michelle Bachelet sobre la Reforma Educacional. Sabemos que el camino ha sido difícil pero, ¿por qué no habría de serlo, si estamos trabajando en un inmenso desafío? Cuando la labor de un Gobierno implica reformas legales que generan profundas transformaciones culturales y sociales, se exteriorizan incomodidades producto de los años de mantenimiento de un sistema que fue trastocado y se transformó desde el asegurar un derecho a un objeto de cambio comerciable.

Hace unos días, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto para el año 2017 y ratificó también los recursos para el aumento de la gratuidad y becas para la educación superior, lo que traerá como impacto que muchos más de los  140 mil estudiantes que accedieron a la gratuidad el año 2016 se vean beneficiados, incrementando además la cantidad de jóvenes que estudiarán sin la angustia personal y de sus familias de no poder pagar su carrera universitaria.

En la Región de Antofagasta, cerca de 3500 jóvenes estudiaron gratuitamente durante el año 2016. A ellos, se suman los  estudiantes del  Programa de Acompañamiento Efectivo a la Educación Superior, PACE, que pertenecen a 12 establecimientos educacionales repartidos equitativamente en las comunas de la región. Esta medida vigente desde los primeros 100 días de trabajo del Gobierno de la Presidenta, busca restituir el derecho a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizando acceso a quienes históricamente no ingresan y/o desertan por falta de oportunidades antes y durante el ciclo de la educación superior. Este trabajo se hace mediante acompañamiento del estudiante desde tercero medio hasta el término de la carrera universitaria.

Estamos frente a un panorama auspicioso en materia de derecho a la educación. Somos testigos de un avance significativo y tangible. Los resultados del trabajo de Gobierno por acabar con el lucro, la selección y el copago son logros para la sociedad chilena que tantas veces ha visto mermada su dignidad al ver vulnerado sus derechos más esenciales. La educación es un derecho humano y no debe convertirse en un agobio para las familias que no tienen la capacidad económica de comprar un producto.

Hoy la mayoría de los actores estamos comprometidos en formar parte del propósito de garantizar a las personas que viven en Chile una educación que promueva el desarrollo de los  talentos humanos sin discriminación arbitraria de ninguna índole. La enseñanza debe ser un agente movilizador y una vía para la convivencia más democrática que construya las bases de una sociedad inclusiva, protectora de sus ciudadanos en la que el futuro de los mismos no sea regulado por el mercado, sino por su esfuerzo y la extensión de sus sueños y desafíos.